El proyecto del Nuevo Código Penal introduce un endurecimiento drástico en las sanciones contra los delitos patrimoniales de alto impacto social, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión para quienes incurran en el robo de teléfonos celulares y el hurto de metales pertenecientes a la infraestructura pública. La reforma legal busca frenar la proliferación de bandas dedicadas al mercado negro de dispositivos móviles y desmantelar las redes de comercialización de metales robados que afectan los servicios esenciales del Estado.
La nueva tipificación penal penaliza con severidad el robo de dispositivos tecnológicos debido al riesgo inherente para la seguridad ciudadana y la privacidad de las víctimas. Asimismo, la sustracción de cables de alta tensión, tapas de alcantarillas, barandillas de puentes y otros metales públicos será procesada bajo agravantes severas por atentar directamente contra la seguridad nacional, los servicios de telecomunicaciones, el suministro eléctrico y el patrimonio vial de la República Dominicana.
La pieza legislativa contempla además sanciones severas para los establecimientos y particulares que compren, almacenen o comercialicen estos artículos robados, equiparando la receptación con el delito de coautoría. Con esta medida, las comisiones del Congreso Nacional y los promotores de la reforma penal apuntan a estrangular el incentivo económico de estos ilícitos mediante el castigo rigurosa a toda la cadena de distribución.
Por: Estefania Moronta
