La reciente revelación de la Policía Nacional sobre la existencia de más de 50,000 órdenes de arresto pendientes de ejecución ha desatado una profunda ola de indignación y preocupación colectiva en la sociedad dominicana. El informe oficial, que expone las identidades y fotografías de 72 peligrosos prófugos de la justicia, ha dejado en evidencia fallas críticas en el sistema de persecución penal, debido a que muchos de estos antisociales caminan libremente por las comunidades acumulando historiales delictivos insólitos que van desde los 15, 25, 30 y hasta 41 registros policiales por la comisión de múltiples crímenes y delitos graves.
Lo que los mandos institucionales intentan proyectar ante la opinión pública como un supuesto hallazgo o balance de gestión, el pueblo lo interpreta de manera directa como una muestra de ineficiencia estructural, cuestionando con severidad el rol de los miles de agentes activos distribuidos en el territorio nacional.
Esta alarmante acumulación de fichas sin una condena definitiva o captura oportuna abre un urgente debate sobre por qué delincuentes con hasta 41 antecedentes continúan burlando los cercos de las autoridades y sembrando el terror con total impunidad en los sectores vulnerables.
Frente a este panorama de evidente desprotección ciudadana, especialistas en materia de seguridad y defensa comunitaria recomiendan a la población civil extremar las medidas de precaución individuales y colectivas dentro de sus rutinas diarias para mitigar los riesgos de victimización. Los expertos exhortan a asegurar de forma robusta los accesos residenciales, evitar el tránsito peatonal o vehicular por vías mal iluminadas durante altas horas de la noche y utilizar los mecanismos de denuncia anónima digital para reportar actividades sospechosas, blindando así el entorno familiar mientras se exigen reformas contundentes a los órganos encargados del orden público.
