El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, fundamentó su decisión de imponer medidas de coerción a los implicados en el caso SeNaSa en la gravedad de los hechos imputados y en la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP). El magistrado calificó los actos como "crueles" y "extremadamente graves", destacando que la presunta estafa de más de 15 mil millones de pesos impactó directamente en un servicio esencial como es la salud de la población dominicana.
La Contundencia del Legajo Probatorio del MP
El juez Sena valoró positivamente el voluminoso expediente acusatorio del Ministerio Público, que incluyó más de 138 pruebas documentales y más de 35 pruebas testimoniales y periciales. Este legajo probatorio fue crucial para establecer la complejidad del caso y la magnitud de la supuesta estructura criminal que operó en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La consistencia de estas pruebas llevó al tribunal a dictar medidas que aseguraran la presencia de los imputados durante el proceso penal, evitando el riesgo de fuga y la obstrucción de la investigación.
Imposición de Medidas y Calificación de Complejidad
En su fallo, el juez impuso 18 meses de prisión preventiva para varios imputados, incluyendo al exdirector Santiago Hazim, mientras que para otros dictaminó arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país. Además de las medidas de coerción, el magistrado declaró el caso como complejo, un paso que permite al MP un plazo más amplio para la investigación debido a la magnitud de la trama y la cantidad de personas involucradas.
El magistrado, al emitir su decisión la noche del domingo 14 de diciembre de 2025, incluso citó extractos bíblicos para reflexionar sobre la ambición desmedida, indicando que "la raíz de todos los males es el amor al dinero", lo cual, a su juicio, motivó los hechos. Esta reflexión marcó el tono moral de un fallo judicial que ha capturado la atención de la opinión pública, que exige transparencia y justicia en el manejo de los recursos públicos.
La decisión del juez Rigoberto Sena marca un hito en la lucha contra la corrupción administrativa en el país, demostrando que la justicia puede actuar con firmeza cuando existen pruebas suficientes y la gravedad de los hechos lo amerita. Ahora, el proceso entra en una nueva fase, donde el Ministerio Público tendrá el tiempo necesario para formalizar la acusación y llevar a los implicados a juicio de fondo, enfrentando cargos graves como desfalco, prevaricación, cobro de soborno y lavado de activos.
