Santo Domingo.– La discusión sobre el reglamento que busca regular el funcionamiento de las encuestadoras en República Dominicana continúa generando reacciones y posiciones encontradas entre sectores políticos, empresariales y representantes de la sociedad civil.
La propuesta ha abierto un debate sobre la transparencia, credibilidad y el manejo de los estudios de opinión pública, especialmente en períodos electorales donde las encuestas suelen influir en la percepción ciudadana y en el escenario político nacional.
Diversos sectores consideran que la regulación permitiría establecer mayores controles y normas claras para garantizar resultados más confiables y evitar posibles manipulaciones o conflictos de intereses.
Sin embargo, otros entienden que algunas medidas podrían afectar la libertad de información y limitar el trabajo de empresas dedicadas a la realización de estudios estadísticos y análisis electorales.
Especialistas en temas electorales señalan que el debate refleja la importancia que han adquirido las encuestas en los procesos democráticos y en la toma de decisiones tanto políticas como sociales.
Mientras continúan las discusiones, distintos actores han solicitado que cualquier reglamento sea consensuado y equilibrado, con el objetivo de fortalecer la confianza pública sin afectar la transparencia ni la libre participación de las firmas encuestadoras en el país.
