La intención de organizar el tránsito y convertir espacios como el Malecón de Santo Domingo en zonas más seguras y familiares es, sin duda, una meta necesaria. Nadie discute la importancia de proteger la vida, disminuir la velocidad y garantizar que nuestra ciudad avance hacia modelos urbanos más modernos. Pero una buena idea mal ejecutada termina generando más caos que soluciones. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con la reciente instalación de reductores de velocidad en distintos puntos del Distrito Nacional.
Durante los últimos días, hemos visto —y sufrido— la improvisación convertida en obstáculo físico. Reductores demasiado altos, sin señalización previa, colocados de manera irregular y sin criterios técnicos visibles. La medida, que debería ser parte de un plan integral de movilidad, se ha transformado en un dolor de cabeza para miles de ciudadanos que transitan diariamente por nuestras vías.
El caso del Malecón es el ejemplo perfecto. Un proyecto que pretende revitalizar la zona, atraer más familias, turistas y actividades culturales. Hasta ahí, todos estamos de acuerdo. Sin embargo, la ejecución ha sido tan abrupta que la conversación pública se ha centrado en los videos virales: carros “casi volando”, conductores sorprendidos por la altura de los obstáculos, motoristas desbalanceados y largas filas de vehículos atrapados en un embudo de cemento.
¿De qué sirve la modernización si no se comunica adecuadamente? ¿Cómo se le exige al ciudadano respetar las normas cuando el propio sistema no garantiza las condiciones mínimas de seguridad?
Un reductor de velocidad no es solo un montículo en la calle. Es un elemento de control que debe cumplir con estándares de diseño, medidas específicas, visibilidad, señalización previa y análisis de impacto. No es poner por poner. No es improvisar. No es usar el asfalto como ensayo y error.
Es velar por una movilidad segura, eficiente y humana.
La falta de señalización es otro de los puntos más preocupantes. Expertos en seguridad vial coinciden en que advertir al conductor con suficiente antelación no es opcional, es obligatorio. Pero aquí hay reductores sin pintura reflectante, sin letreros, sin iluminación y sin ningún aviso que permita disminuir la velocidad con seguridad. En otras palabras, obstáculos que generan el peligro que intentan evitar.
Y en medio de todo, están los ciudadanos: los que pagan impuestos, los que madrugan para llegar a su trabajo, los que usan el Malecón para ejercitarse, los que simplemente quieren transitar sin sentir que su vehículo sufrirá más que ellos.
No se trata de rechazar los proyectos oficiales. Al contrario. El Distrito Nacional necesita planificación, necesita orden y necesita visión. Pero también necesita escuchar.
Las políticas públicas funcionan cuando se construyen junto con la gente, no encima de ella.
Hoy más que nunca, la ciudadanía exige que las autoridades tomen una pausa, revisen la instalación de estos reductores, evalúen su efectividad y, sobre todo, garanticen la seguridad que se supone deben ofrecer. Porque un reductor de velocidad puede detener un carro… pero no puede —ni debe— detener el sentido común.
