El crimen organizado y la violencia se han convertido en un obstáculo central para el desarrollo en América Latina y el Caribe, según el nuevo Reporte Económico de América Latina y el Caribe (LACER, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, presentado hoy.
El informe, titulado “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, subraya cómo estos problemas agravan el ya frágil panorama económico de la región. Se proyecta que América Latina y el Caribe crecerá un 2,1 por ciento en 2025 y un 2,4 por ciento en 2026, lo que la posiciona como la región de menor crecimiento a nivel mundial.
La región enfrenta niveles alarmantemente altos de violencia letal vinculada al crimen organizado. Las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial, y las tasas de homicidios son ocho veces superiores.
El reporte describe varios factores que contribuyen al auge del crimen organizado, incluyendo la creciente demanda mundial de bienes ilegales, intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de COVID-19, que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal es débil.
“El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos”, afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Esta proliferación tiene claras consecuencias para el desarrollo. El informe describe cómo amenaza la seguridad pública, frena el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones públicas. La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la extorsión desenfrenada y la inseguridad generalizada incrementan los costos de transacción para las empresas, socavando la competitividad. Además, el desvío de recursos de seguridad pública de servicios esenciales como la salud y la educación supone una carga para países que ya enfrentan un alto nivel de deuda y desafíos fiscales.
“Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento”, afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Para abordar estos desafíos, el informe insta a consolidar una agenda diseñada para fortalecer la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada, incluyendo reformas policiales, la mejora de los sistemas penitenciarios y el fortalecimiento de los procesos judiciales. Para lograr el crecimiento y el desarrollo en la región es clave contar con instituciones bien equipadas.
Las políticas económicas también desempeñan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia organizada, promoviendo el crecimiento y las reformas generadoras de empleo, a la vez que ofrecen a los jóvenes opciones a través de una mejor educación y formación profesional. Estas iniciativas aumentan el costo de oportunidad de la delincuencia, reduciendo su oferta laboral.
El informe enfatiza la necesidad de generar estudios a largo plazo a fin de orientar la acción gubernamental, ya que la ausencia de estudios periódicos y comparables dificulta el desarrollo de políticas eficaces.
