La Coordinadora Nacional de Motoconchistas (COORDINAMOTO) expresa su profunda indignación y consternación ante el lamentable hecho ocurrido en la ciudad de Santiago, donde un joven perdió la vida a manos de una turba de delincuentes y bandas criminales.

Rechazamos enérgicamente este acto violento, inhumano y criminal que enluta a una familia y afecta a toda la sociedad dominicana. Estos hechos no pueden ni deben empañar la imagen de miles de hombres y mujeres trabajadores que cada día salen a ganarse el sustento de manera honesta a bordo de una motocicleta.

En las últimas horas hemos observado comentarios generalizando y señalando a los motoconchistas como responsables de este tipo de acciones. Sin embargo, informaciones que nos han llegado indican que los involucrados presuntamente pertenecen a una compañía de préstamos, lo que demuestra que no se puede estigmatizar a todo un sector trabajador por hechos cometidos por delincuentes.

La Coordinadora Nacional de Motoconchistas, en conjunto con su líder Miguel Jiménez, presidente de la Coordinadora del Cibao, informa que estamos investigando profundamente esta situación. De demostrarse que está involucrado algún miembro de nuestras asociaciones afiliadas, lo entregaremos de inmediato a la acción de la justicia para que le caiga todo el peso de la ley. No vamos a apoyar ningún tipo de delincuencia ni vagabundería que afecte al sector motoconcho.
Mientras tanto, las informaciones preliminares que manejamos indican que los responsables no pertenecen al sector transporte de motocicletas organizado.

Desde COORDINAMOTO reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y hemos insistido permanentemente en que las autoridades y los ayuntamientos deben asumir su rol en la organización, regulación e identificación de quienes ejercen el motoconcho de manera legal y responsable.
Es momento de actuar con firmeza. No podemos seguir esperando que ocurran tragedias para reaccionar. Exigimos a las autoridades que investiguen a fondo este caso, que establezcan responsabilidades claras y que fortalezcan los mecanismos de control y regulación para diferenciar al trabajador honesto del delincuente que utiliza una motocicleta para cometer actos criminales.
Advertimos que parte de esta problemática recae en la falta de control, reglamentación y supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes. La ausencia de un sistema claro de identificación y regulación contribuye a que se confunda al hombre de trabajo con el antisocial.

Esperamos una respuesta contundente, responsable y transparente ante esta situación. La sociedad dominicana lo exige, y las familias afectadas merecen justicia.

Coordinadora Nacional de Motoconchistas – COORDINAMOTO
Junta Directiva Nacional

Santo Domingo, RD. – La barra de abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre reitera las debilidades en las pruebas que hacen insalvable la acusación del Ministerio Público.

Mediante un despacho periodístico, los juristas sostuvieron que las irregularidades abarcan desde fallas en auditorías oficiales hasta contradicciones entre las propias pruebas presentadas por el órgano acusador.

En primer lugar, señalaron inconsistencias en la auditoría del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en relación con las nóminas. Explicaron que, aunque la acusación sostiene la existencia de un mecanismo de sustracción de fondos mediante “empleados fantasma”, la supervisora de auditoría de la Cámara de Cuentas admitió en audiencia que dichas personas no figuraban en los registros oficiales de personal, sino únicamente en un listado proporcionado por el Ministerio Público cuyas personas declararon bajo juramento nunca haber recibidos fondos del CUSEP. Estas declaraciones constan en el acta de la audiencia pública del 3 de septiembre de 2024.

En segundo término, la defensa cuestionó las auditorías realizadas al propio Cáceres Silvestre. Indicaron que la auditora Alexandra Chevalier Pérez reconoció no haber tomado en cuenta múltiples fuentes de ingresos del imputado, incluyendo durante todo el período de su gestión: más de RD$8.2M en viáticos por viajes al extranjero, RD$4.5M de salario por rango en el Ejército, RD$2.5M por nómina de la Presidencia, RD$7.9M por Especialismo, RD$24.7M por el cargo como Jefe del Cusep, RD$7.4M por salario de su esposa, RD$3.7M por intereses financieros, RD$1.2M por viáticos de viajes internos y RD$2.3M por concepto de alquileres. Asimismo, admitió que nunca solicitó información a ninguna institución, ni al propio Cáceres sobre dichos ingresos. Estas declaraciones figuran en el acta de audiencia del 22 de abril de 2025. Las comprobaciones financieras de ingresos de Cáceres figuran en documentos oficiales y en un peritaje ordenado por el tribunal que establece unos ingresos totales de RD$64M, sin contar los generados por financiamientos para la adquisición de propiedades.

De igual forma, destacaron que pruebas aportadas por el propio Ministerio Público reflejan que los ingresos percibidos por Cáceres corresponden en un 98% a pagos de nómina, certificados de depósito e intereses, según el dictamen pericial AF-002-2022 del INACIF.

En esta misma línea, la defensa denunció que el Ministerio Público, luego de ignorar la mayoría de los ingresos referidos, hizo tasar las propiedades del señor Cáceres tomando como referencia el precio de mercado a la fecha de la acusación (2022), en lugar de determinar su costo al momento de ser adquiridos.

En cuanto al supuesto ocultamiento de bienes, los abogados calificaron la imputación como contradictoria. Aseguraron que tanto la vivienda familiar como una casa en construcción constan en las declaraciones juradas de Cáceres, documentos que incluso fueron incorporados como pruebas por el propio Ministerio Público.

Otra de las inconsistencias señaladas se refiere al manejo del almacén del CUSEP. La defensa argumentó que la auditoría omitió considerar registros logísticos clave, como los formularios de control de inventario (Tarjetas de Almacén), que documentaban entradas y salidas de mercancías, y fueron debidamente incorporadas al juicio a través de la defensa. Además, presentaron testimonios que confirman la existencia de controles físicos y revisiones periódicas que imposibilitan la ocurrencia de los hechos narrados por el Ministerio Público.

Asimismo, cuestionaron el supuesto ocultamiento de la participación de Cáceres en la empresa CSNA Universo Empresarial. Según indicaron, el Ministerio Público obvió las certificaciones oficiales suministradas por el Registro Mercantil, para plantear una participación inexistente. Dichas certificaciones fueron incluidas en informes preparados por el propio Ministerio Público, a través de su Unidad de Investigación Criminal.

Por otro lado, sobre la supuesta propiedad de Cáceres respecto del local donde opera la Iglesia Bautista Vida Eterna, la defensa plantea que durante el juicio se incorporó el Certificado de Título de dicho inmueble, cuya descripción le atribuye la titularidad a dicha entidad. Asimismo, declaran que los testigos propuestos por el propio Ministerio Público, aseguraron que Cáceres nunca se comportó como el propietario del referido inmueble. Relataron que su participación se limitó, exclusivamente, a la gestión del préstamo para la compra del local, que luego fue pagado por la propia iglesia.

Sobre las distintas fincas que el relato de la acusación adjudica al señor Cáceres, la defensa expone que dicha imputación se sostuvo sobre certificaciones del Consejo Estatal del Azúcar, cuyos contenidos dan fe de que el señor Cáceres nunca ha realizado ninguna operación con dicha entidad, ni de manera personal, ni a través de terceros.

Contrasta la afirmación de irregularidades en el manejo de los fondos de inteligencia del Cusep, con las certificaciones oficiales emitidas por la propia entidad, por la Dirección General de Presupuesto y por la Contraloría General de la República, que constan en el expediente, y que establecen la imposibilidad legal de suministrar registros sobre este particular, y el tratamiento especial del uso y destino de dichos fondos, por su naturaleza de seguridad nacional. No obstante lo anterior, el Ministerio Público sostuvo su acusación sobre este asunto, a sabiendas de su evidente y comunicada improcedencia.

“Estas inconsistencias demuestran que la acusación carece de coherencia interna y está sustentada en omisiones, errores y contradicciones que deben ser valoradas por el tribunal”, concluyó la defensa.

El proceso judicial contra Cáceres Silvestre continúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en medio de un debate marcado por cuestionamientos a la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Santo Domingo. Las recientes vaguadas que han afectado distintos puntos de la República Dominicana han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia, dejando a su paso inundaciones, daños en viviendas, comunidades impactadas y la activación de amplios operativos de asistencia en varias provincias del país. De acuerdo con reportes oficiales y de seguimiento, el Gobierno dominicano ha mantenido un despliegue activo de supervisión, coordinación y ayuda social en las zonas más vulnerables, en medio de un panorama marcado por alertas, evaluaciones de daños y acciones de mitigación.

En ese contexto, la presencia directa del presidente Luis Abinader en comunidades afectadas, junto a la movilización de instituciones de respuesta, ha procurado enviar una señal de cercanía institucional ante familias golpeadas por las lluvias. En Los Platanitos, en el Distrito Nacional, el mandatario supervisó personalmente la situación de una de las áreas más expuestas a acumulaciones de agua y reiteró que el Gobierno continuará tomando medidas para devolver la normalidad a las comunidades afectadas. A esto se suma la asistencia anunciada para provincias como Puerto Plata, donde las autoridades iniciaron jornadas de apoyo para familias perjudicadas por las precipitaciones.

Los datos levantados por los organismos de emergencia reflejan la magnitud del fenómeno. Un informe de situación del COE reportó miles de viviendas inundadas, decenas de miles de personas desplazadas o evacuadas y afectaciones en infraestructuras y servicios básicos, incluyendo acueductos fuera de servicio. En medio de ese escenario, la articulación entre los organismos civiles y militares ha sido determinante para ampliar la capacidad de respuesta del país frente a los efectos de las lluvias.

Dentro de esa estructura de apoyo, las Fuerzas Armadas han mantenido un papel importante, no solo desde su función operativa en momentos de contingencia, sino también como soporte logístico y humano en labores de socorro.

El COE reportó acciones de asistencia de la Fuerza Aérea de República Dominicana en zonas afectadas de Puerto Plata, donde fueron auxiliadas cientos de personas en comunidades impactadas por las inundaciones. Asimismo, reportes periodísticos consignan que el Ministerio de Defensa se ha mantenido en comunicación constante con el organismo rector de emergencias, como parte de la coordinación nacional frente al temporal.

Pero en tiempos como estos, la respuesta no solo se mide en rescates, alertas o despliegues territoriales. También se mide en la capacidad del Estado de sostener una política de atención humana hacia quienes alguna vez sirvieron a la nación con uniforme. En ese marco cobra especial relevancia la reciente entrega de dos viviendas completamente nuevas a retirados militares en San Isidro y Bayaguana, dispuesta por el Ministerio de Defensa y ejecutada a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Ambos hogares fueron acondicionados, amueblados y abastecidos con insumos esenciales, en una acción que trasciende la asistencia material para convertirse en un gesto concreto de dignificación y acompañamiento a dos familias militares.

En medio de una coyuntura nacional en la que miles de hogares han sentido el impacto de las lluvias, este tipo de iniciativas adquiere una dimensión todavía mayor. No se trata únicamente de entregar techos; se trata de reafirmar que la protección social también debe alcanzar a quienes dedicaron años de su vida al servicio del país.

La actual temporada de lluvias ha dejado claro que, ante los desafíos naturales, la respuesta del Estado necesita fortaleza operativa, coordinación interinstitucional y sensibilidad social.