El Tribunal Constitucional dictó una sentencia condenatoria contra la Junta Central Electoral (JCE), ordenándole el pago de 2,886,000 pesos a favor de la ciudadana Esthefpanie Casado Díaz. La alta corte tomó la decisión tras determinar que el órgano electoral incurrió en un franco desacato al incumplir de manera prolongada una sentencia de amparo previa que le ordenaba emitir las actas de nacimiento de la demandante y de sus dos hijas menores de edad.
La penalización económica impuesta corresponde a la acumulación de una astreinte de 2,000 pesos diarios, penalidad aplicada por los jueces como un mecanismo legal coercitivo para obligar a las instituciones al cumplimiento de sus dictámenes. El período de la sanción acumulada abarcó un total de 1,443 días, contabilizados de manera formal a partir del 24 de febrero de 2021, fecha en la que se notificó originalmente la orden de amparo a la junta, y extendiéndose hasta el 6 de febrero de 2025, momento en que la entidad depositó un recurso de revisión.
El fallo de la alta corte sienta un precedente de estricto cumplimiento institucional en la República Dominicana, evidenciando las consecuencias financieras y legales a las que se exponen los organismos del Estado al dilatar la entrega de documentos esenciales que validan la identidad civil y los derechos fundamentales de las familias. Con esta resolución definitiva, la JCE se ve forzada a responder por el daño colateral causado debido a la excesiva demora administrativa en sus registros oficiales.
Por:Estefania Moronta
