Artículo de Opinión Por Brandy Berroa
Hay palabras que parecen decir mucho, pero a veces esconden una pregunta profunda. “Declaración jurada de patrimonio” es una de ellas. En República Dominicana, la Ley 311-14 establece que determinados funcionarios deben declarar su patrimonio dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión y presentar otra declaración al finalizar el cargo. La finalidad es sencilla: dejar constancia de qué posee quien entra al servicio público para poder comparar, con transparencia, qué tiene cuando se marcha.
La declaración de bienes, por tanto, no debería ser vista como un trámite burocrático. Debería ser un compromiso. Es decirle al país: “Esto es lo que tengo cuando llego; ahora pueden observar cómo salgo”.
Y aquí aparece el dominó.
Una pieza derriba a la siguiente. Una decisión individual puede terminar produciendo consecuencias que alcanzan a cientos, miles o incluso millones de personas. El funcionario que decide apropiarse de un peso que no le corresponde quizás vea solamente una ganancia personal. Pero ese peso puede ser parte de una medicina que no llegó al hospital, de una carretera que no se reparó, de una escuela que no se construyó, de una pensión que no alcanzó o de un programa social que perdió recursos.
El problema nunca termina en quien toma el dinero. El dominó continúa cayendo.
En sociedades donde el servicio público conserva una fuerte cultura de responsabilidad, ejercer un cargo puede ser una honra y, al terminar, la vida puede volver a la normalidad. Se conocen ejemplos como el de José “Pepe” Mujica, quien después de la presidencia mantuvo un estilo de vida sencillo y regresó a su casa, su antiguo vehículo y su tierra. Más allá de simpatías políticas, su historia quedó asociada a una idea poderosa: el poder no tiene por qué convertirse en una escalera hacia una vida de ostentación.
En América Latina y el Caribe, sin embargo, todavía nos cuesta romper con otra cultura: la de quien entra a una función pública con un patrimonio determinado y, después de cuatro años, aparece rodeado de propiedades, vehículos, viajes, villas y un nivel de consumo difícil de explicar solamente con sus ingresos legítimos.
No estoy hablando de acusar a nadie en particular. Estoy hablando de una pregunta que debería hacerse cualquier sociedad seria: ¿de dónde salió?
Y entonces quizás la expresión debería cambiar.
No solamente “declaración de bienes”.
También debería existir, en nuestra conciencia ciudadana, una “declaración de quienes”.
¿Quiénes se enriquecieron a costa del patrimonio del Estado?
¿Quiénes convirtieron el dinero destinado a las medicinas del pobre en patrimonio personal?
¿Quiénes tocaron los recursos destinados a la atención primaria de salud?
¿Quiénes hicieron negocio con la necesidad de un envejeciente que esperaba una pensión?
¿Quiénes convirtieron propiedades ajenas, reservas naturales o patrimonio cultural en oportunidades privadas?
¿Quiénes utilizaron la fe, la confianza o el poder como instrumentos para enriquecerse?
Porque detrás de cada acto de corrupción hay una víctima que muchas veces nunca conoceremos.
Quizás por eso deberíamos dejar de pensar en la corrupción como un asunto entre “el que roba” y “el Estado”. El Estado somos nosotros. Y cuando alguien roba recursos públicos, no está robándole a una institución abstracta: está quitándole posibilidades a la ciudadanía.
La familia también debería mirar por ese espejo.
Porque puede llegar un momento en que la ostentación deje de ser motivo de orgullo y se convierta en una pregunta incómoda: ¿cómo se obtuvo?
Y aquí aparece algo que ningún paraíso fiscal puede esconder: la reputación.
Se pueden esconder bienes. Se pueden mover capitales. Se pueden colocar propiedades a nombre de terceros. Pero no existe un paraíso fiscal capaz de esconder para siempre la memoria de una sociedad.
Los bienes pueden quedar resguardados en cuentas lejanas, pero la reputación puede convertirse en un infierno de preguntas.
La Biblia lo expresa con claridad: “La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” (Lucas 12:15).
Por eso mi llamado no es solamente a perseguir al corrupto. Es también a recordarles a los buenos servidores públicos que piensen en algo que vale mucho más que cuatro años de poder: su nombre, su familia y su apellido.
Pero una mancha en el apellido puede sobrevivir generaciones.
El verdadero servidor público debería poder declarar sus bienes al entrar, administrar con honestidad mientras sirve y salir con la tranquilidad de no tener que explicar riquezas que su salario, su historia y su conciencia no pueden justificar.
Porque al final, el dominó siempre cae.
Una decisión egoísta puede derribar la confianza de una familia, una institución y hasta de un país. Por eso, quizás el verdadero patrimonio que debemos cuidar no es el que aparece en una declaración jurada. Es el que no necesita ser declarado: la integridad.
Y cuando llegue el momento de salir del cargo, que nadie tenga que preguntar: “¿De dónde salió todo eso?”.
Que pueda preguntarse algo mucho más sencillo:
“¿Quién fue esta persona cuando tuvo poder?” Y que la respuesta sea suficiente.
Porque los bienes se heredan. El dinero se gasta. Las propiedades se venden; pero el nombre que dejamos atrás, ese sí puede convertirse en nuestro verdadero patrimonio.
